Por ROBIN McDOWELL y
MARGIE MASON
Associated Press
MINNEAPOLIS, Minnesota, — Mientras las fábricas y otros negocios permanecen cerrados en todo Estados Unidos, los presos en al menos 40 estados continúan trabajando. A veces ganan centavos por hora o simplemente nada fabricando mascarillas y desinfectante para ayudar a otros a protegerse del coronavirus.
A esos mismos reos les suspendieron las visitas familiares desde hace semanas, pero les cobran hasta 25 dólares por una llamada de 15 minutos, más un pago extra si añaden crédito.
Además pagan precios más altos a la comi-saría por el jabón que necesitan para lavarse las manos con mayor frecuencia. Este servicio puede tener una cuota de proce-samiento de 100%.
Mientras la pandemia del COVID-19 paraliza la economía, dejando a millones de personas desempleadas y a muchas compañías al borde de la quiebra, el gran negocio que representa el sistema penitenciario más grande del mundo continúa ganando dinero.
“Es duro. En especial en una época como esta, cuando estás sin trabajo, estás previendo quedar desempleado… y no tienes dinero para enviar’’, dijo Keturah Bryan, que cada mes hace una transferencia de cientos de dólares a su padre de 64 años que se encuentra en una prisión federal en Oklahoma.
Mientras tanto, señaló ella, las prisiones continúan cobrando pequeñas cuotas por cualquier servicio.
“Uno tiene que pagar por llamadas, correos electrónicos, alimentos’’, dijo. “Por todo’’.
El brote de coronavirus ha puesto inesperadamente los reflectores sobre las cárceles de Estados Unidos, cuya población total rebasa los 2,2 mi-llones de personas y a las que los expertos de salud consideran una especie de placas de Petri para la propagación de contagios.
Con frecuencia las mascarillas y el desinfectante para manos no llegan a los reclusos. Tampoco les efectúan pruebas con frecuencia, incluso a los que presentan síntomas, a pesar de los temores de que el virus pueda propagarse a las comunidades circundantes. Y en algunas partes del país, quienes experimentan síntomas languidecen en edificios sofocantes con ventilación deficiente.
Las preocupaciones se extienden a los pro-veedores de servicios mé-dicos carcelarios, a los que expertos de salud acusan a menudo de proporcionar una atención deficiente incluso en los mejores tiempos.
Sheron Edwards com-
parte un dormitorio con otros 50 reclusos en la Instalación Penitenciaria Regional del Condado Chickasaw en Mississippi. Debido a sus anteriores experiencias con el provee-dor de servicios médicos de la prisión, Centurion of Mississippi, le preocupa lo que pueda ocurrir si hay contagios de coronavirus.
“Me da miedo que simplemente nos dejen morir aquí’’, afirmó.
Cuando estuvo en la célebre prisión de Parchman hace varios años, dijo Edwards, Centurion le permitía únicamente una sesión de terapia física después de que le colocaron una barra de 15,2 centímetros (6 pulgadas) y tornillos en un tobillo roto.
“Aunque no era una situación que pusiera en peligro mi vida, era grave’’, afirmó. “Con el COVID-19, yo sí podría perder la vida’’.
Más de 20.000 reclusos se han infectado y 295 fallecido en todo el país, en la penitenciaria de la isla Rikers en la ciudad de Nueva York así como en diversas prisiones estatales y federales de ciudades y localidades menores, de acuerdo a un conteo no oficial del Proyecto de Información Tras las Rejas COVID-19 a cargo de la Escuela de Derecho de la UCLA.